Los servicios sociales están en peligro.

El jueves 17 se debatirá en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Reforma Local. Uno de sus objetivos es evitar la duplicidad de competencias en distintas administraciones, algo loable, pero la cosa no es tan fácil.

Ayuntamientos de toda España y de todos los signos políticos están indignados porque ven que los servicios sociales que ahora prestan, simplemente van a dejar de prestarse con la nueva Ley. Se trata de servicios tales como teleasistencia, ayuda a domicilio (limpieza, compra, medicación), albergues para personas sin hogar, residencias, integración de inmigrantes, ayudas para infancia o juventud y otros.

Según la propuesta, los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes (TODOS los de Salamanca excepto la capital) dejarán de tener competencias, que en adelante serán ejecutadas por las administraciones regionales.  En el caso de Salamanca podrán encargarse de tareas de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

 

En la práctica, según denuncian los ayuntamientos, estos servicios van a desaparecer, al menos hasta que las autonomías sean capaces de generar los recursos para ello; los gobiernos regionales, hoy por hoy, no tienen el dinero para hacerlo. Al respecto, es interesante leer lo que dice la consejera de Familia de la Junta de CyL “Transferir lo social a las autonomías duplica el gasto”, justo lo contrario al objetivo de esta Ley.

Los ayuntamientos han ido desplegando servicios sociales a lo largo de los años. Su coste se calcula en más de 5.000 millones de euros anuales. Al estar gestionado por los municipios, parte de este dinero repercute en puestos de trabajo y generación de beneficio en empresas locales.

El ahorro que pretende conseguir el proyecto de Ley probablemente vendrá mediante el cese de prestaciones, el abandono a los más necesitados, la reducción drástica de puestos de trabajo, en definitiva, el desguace de los servicios sociales y la eliminación o reducción de una fuente de empleo local. La oposición califica la reforma local como “un bodrio que abre la puerta a la privatización”. 

Una gestión centralizada puede ser más rentable a largo plazo, pero también es más probable que se privatice mediante concursos, con el riesgo añadido de que, al tratarse como un negocio, se ofrezca a quien más “aportaciones” o “contribuciones” haga a los partidos que gestionen la autonomía; no sería la primera vez que así ocurriera y nos basta con estar al tanto de las noticias de sobornos, financiaciones ilegales, cohechos, etc que salen a la luz pública. Las empresas de "contrata" se caracterizan por dejar beneficios económicos a los gestores y perjuicios al resto, trabajadores, usuarios y sociedad.

Dada la mayoría absoluta que tiene el PP, lo más lógico es que saquen adelante su Ley sin escuchar a nadie, como ya han hecho con la Ley Wert, pero ¿qué futuro tiene una Ley tan importante para muchos si no tiene consenso no ya sólo entre el resto de los partidos políticos, que la rechazan frontalmente, sino incluso entre el mismo partido que gobierna? Va a suponer un caos y se derogará tan pronto como el PP no tenga mayoría absoluta. ¿Serán tan soberbios como para no escuchar el clamor en contra?