La ley que aprobaba el capricho del PP de la llamada "Ciudad del Medio Ambiente" en el Soto de Garray de Soria ha sido declarada inconstitucional, siete años después de que se presentaran las primeras denuncias por diputados del PSOE.
La Junta de CyL construyó en un suelo protegido que cambió a urbanizable, lo hizo con el descaro de plantearlo con el fin de "proteger el medio ambiente" y ahora deja varios edificios a medias de levantar, monumentos al despilfarro y a la soberbia.
La inconsciencia de algunos políticos que ponen su ego por encima de consideraciones medioambientales y sociales ha llevado a enterrar allí -que se sepa- 52 millones de euros de dinero público (según otras fuentes, van gastados 92,3 millones de euros)
La Junta de CyL intentó la treta de dictar una ley ex profeso para que no se pudiera repetir el caso de la anulación por los tribunales ordinarios de la urbanización del pinar protegido de la Navas del Marqués. Ahora el Constitucional tumba esa ley y obliga a dar marcha atrás. El problema es ¿cómo hacerlo cuando ya se ha alterado de forma irreversible el entorno? Mucho me temo que una vez más jugarán con los hechos consumados.
El capricho había llegado a tales extremos que la Junta de CyL destinó 11 millones de euros el año pasado a ciudad del Medio Ambiente mientras renunciaba a la ampliación del hospital de Soria.
La impulsora del proyecto fue Maria Jesús Ruiz, ex vicepresidenta y ex consejera de ¡ Medio Ambiente!, hoy senadora. Mi pregunta ahora es ¿dónde queda la responsabilidad de los políticos que lo aprobaron? Lo mínimo que cabría esperar son las dimisiones de todos cuantos promovieron y apoyaron el fallido bodrio.
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