La investigación en la Audiencia Nacional sobre los “papeles de Bárcenas” ha finalizado con las siguientes conclusiones:
- El Partido Popular creó, mantuvo a lo largo de al menos 18 años y utilizó activamente una “caja b”, opaca a la Hacienda Pública.
- Esta “caja b” fue rellenada a lo largo del tiempo con casi 8 millones de euros (entre los acreditados). Entre los donantes se encuentran 22 grandes empresarios. Como ejemplo, las constructoras AZVI (858.000 €), Sacyr (480.000 €), OHL (530.000 €) o Sando (1.250.000 €). Todos ellos se libran por falta de pruebas.
- Otros “donativos” se ingresaban de forma fraccionada -para no superar la Ley de financiación de los partidos políticos- en la contabilidad oficial.
- El PP utilizó estos ingresos ilegales para pagar campañas electorales, sobresueldos a algunos de sus dirigentes, compra de acciones de una empresa de radio amiga y para pagar (en negro obviamente) la reforma y compra de alguno de sus locales.
- El juez propone juzgar a seis personas entre los que se encuentran los extesoreros y exgerente del PP en el año 2008, así como a responsables del estudio de arquitectura que recibió 1.550.000 € en negro para reformar la sede del PP en Madrid.
- El juez rechaza que fuera cosa de los extesoreros, al contrario, indica que es una “doble estructura contable creada por el PP”
- El juez envía a los juzgados de Toledo la investigación acerca de la presunta prevaricación en la adjudicación de un contrato de recogida de residuos, que según declaración de Bárcenas fue la contrapartida a una donación de 200.000 € para la campaña de Cospedal en 2007.
No se ha podido demostrar que las empresas que han ejecutado la casi totalidad de las grandes obras públicas en España hayan recibido las adjudicaciones como consecuencia de sus donaciones voluntarias en dinero negro. Tampoco que la empresa de basuras de Toledo recibiera el contrato a cambio de financiar la campaña del PP.
Además, mira tú por dónde, resulta que el código penal vigente cuando se han acreditado estas prácticas no castigaba la financiación ilegal de los partidos; se cambió en 2012. En consecuencia, algunos hechos han prescrito, como el delito contable y el delito electoral, y otros no se pueden juzgar.
Según el auto del Juez, los únicos hechos que no han prescrito son el no pagar impuestos por las donaciones recibidas. El PP será “responsable civil subsidiario”.
Se cierra así la investigación de forma precipitada, pues Ruz tiene que dejar esta plaza por mandato del CGPJ. La posición del PP en este tema ha sido esta: primero negó la contabilidad “b” y apoyó públicamente a Bárcenas (incluso el mismo presidente del Gobierno) luego se personó como acusación popular y tuvo que ser expulsado al tratar de actuar como defensa, después impidió la entrega de los documentos al juez, que tuvo que entrar en su sede con la guardia civil, destruyó información mediante el formateado los ordenadores de Bárcenas y más tarde cambió radicalmente para decir que era todo cosa de los tesoreros y que ellos no sabían nada. La última fue la negativa a colaborar con el juez de la Agencia Tributaria.
Quedan muchas responsabilidades y dudas en el aire. No se puede entender que empresas (cuya finalidad es ganar dinero, no se olvide) regalen miles de euros sin recibir nada a cambio; tampoco que tesoreros y gerentes lleven contabilidades paralelas durante veinte años, pero que nadie sepa nada ni recuerde nada ante el juez: simplemente es imposible de creer.
Estamos esperando a que el Presidente del Gobierno diga algo sensato sobre este asunto, pero está claro que nadie está dispuesto a asumir responsabilidades ante hechos tan graves.
La mejor opción para mostrar nuestro enfado con personajes como estos es no votarlos.
O el PP se regenera, o desaparecerá. A fin de cuentas, los votantes de la derecha ya tienen otro partido emergente que de momento al menos parece más sensato y responsable.
No consintamos que ningún partido en el que haya corruptos o prácticas ilegales nos represente. No nos hagamos cómplices con nuestro voto.