lunes, 5 de agosto de 2013

Nuestro rechazo más firme a la reforma energética

¿Hasta dónde llegará el gobierno del PP para favorecer los intereses de grandes grupos empresariales y perjudicar a las personas que vivimos en España? Su penúltimo despropósito es intentar acabar con la generación de energías renovables.

La “reforma energética”, de la cual forma parte el Real Decreto sobre autoconsumo, pretende cobrar un impuesto por generar electricidad con placas solares para consumo propio e impedir la conexión con la red eléctrica para verter los excedentes cuando no se consuma en las instalaciones propias. De seguir adelante esta normativa sería como cobrarnos por ponernos al sol y que todas aquellas personas que se pongan morenas paguen un impuesto para mantener a las empresas que exploten cabinas de rayos UVA.

La producción de energías renovables nos ha llevado a ser un referente mundial, pero las grandes empresas eléctricas no podían permitir que la producción de energía no pasase exclusivamente por sus manos. Su poderoso lobby, trufado de políticos y expolíticos, parece ir ganando la partida.

Es más seguro, limpio y económico que la electricidad se produzca lo más cerca posible de donde se consume, para evitar las grandes pérdidas que existen en el transporte, las gigantescas infraestructuras y su enorme impacto, pero va en contra de los intereses de las cinco grandes empresas productoras de electricidad que existen en España.


La descentralización en la generación de electricidad debería ser un objetivo global, mundial. Existen a nuestro alrededor superficies enormes desaprovechadas que podrían producir energía limpia, como por ejemplo todas y cada una de las naves industriales y gran cantidad de tejados y terrazas de viviendas. El sentido común sería que se produjera la mayor cantidad posible de electricidad allá donde se consumiera y que la red de venta de las grandes empresas proporcionara aquella que no se pudiera autogenerar.

Con la nueva política que pretende implantar este gobierno, probablemente ocurrirá lo contrario: mucha gente optará por retirar sus instalaciones y otros tratarán de pasar desapercibidos para no tener que pagar tan injusto y absurdo impuesto. Por otro lado, dejarán de instalarse paneles solares y se perderán miles de empleos, además de que cada vez se quemarán más combustibles fósiles, escasos, caros y contaminantes, pero eso sí: en manos de unos pocos para que nos puedan cobrar lo que les de la gana.

El paquete normativo se ha lanzado en verano, reduciendo al mínimo los periodos de alegaciones con una intención dictatorial de no escuchar, de no queder negociar nada, de conseguir hechos consumados avalados por mayorías absolutas, en contra de criterios internacionales, científicos, sociales, ecológicos…


Se empeñan en tratar a las energías renovables como un problema, cuando son la solución. Algunos países como Alemania o Dinamarca han decidido abastecerse a medio plazo de ellas, mientras que nosotros, gracias a un gobierno que pone por delante de todo los intereses de las grandes corporaciones, vamos hacia atrás como los cangrejos. Nos obligarán a renunciar a lo que podría haber sido una fuente de ingresos y de trabajo, en la que España está además bien posicionada a nivel global.

Participemos en cuantas movilizaciones y actividades estén a nuestro alcance para evitar esta barbaridad.

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