viernes, 18 de diciembre de 2015

Investigación médica: El negocio de los medicamentos

La forma en la que se producen los medicamentos es errónea, inhumana, inmoral, injusta, falta de ética, indignante, no da respuesta a los problemas de salud de la población mundial, es elitista, peligrosa para la salud pública, frustrante para los investigadores, una locura, no funciona… todos estos adjetivos y expresiones pertenecen a expertos de talla mundial, investigadores y personas implicadas en lograr la Salud para todos y se expresan en el documental "Investigación Médica: Houston, tenemos un problema" elaborado por la ONG "Salud por Derecho", con la colaboración de "Médicos sin Fronteras". Pinchando en la imagen puedes acceder al documental completo; es esclarecedor y muy recomendable que lo veas.

Esto es un resumen de lo que aparece en el documental: 

Las ideas básicas e investigaciones que permiten llegar a la producción de medicamentos las efectúan mayoritariamente Universidades y Centros públicos, financiados con impuestos. Sin embargo, estas ideas son tomadas y desarrolladas por las grandes empresas farmacéuticas, quienes fabrican de forma masiva los medicamentos y los venden a los Sistemas Nacionales de Salud. Esto da lugar al primer sinsentido: los ciudadanos pagamos dos veces por los medicamentos, una por la investigación y otra para enriquecer con beneficios brutales, injustificados e injustos a las multinacionales farmacéuticas privadas ("en el mejor de los casos 4 céntimos de cada euro gastado se dedican por las empresas a I+D") 

Los intereses de la industria no tienen relación con la Salud Pública. Los precios no son asequibles para gran parte de la población mundial (tampoco para los gobiernos) de hecho un tercio de la población mundial no tiene acceso a los medicamentos (datos de la OMS). Millones de personas están muriendo por este motivo. Sólo la población más rica puede pagar algunos precios descomunales y arbitrarios. Los propietarios y accionistas de las empresas fabricantes sólo tienen en cuenta su propio beneficio económico, porque han conseguido tener el poder para hacerlo; los lobbies, grupos de presión, la inutilidad de la OMS, la corrupción y la probada financiación a algunos partidos políticos les facilita la tarea. Los gobiernos han renunciado a controlar el sistema de innovación médica.

Como ejemplo, el coste de un nuevo y eficaz tratamiento contra la hepatitis C es de 61.000 € (inaccesible para la gran mayoría de la población y gobiernos) Su coste real: 250 dólares. ¿No son unos niveles de rentabilidad inmorales, más aún considerando que se trata de la vida de las personas? La industria del medicamento es la más rentable, más que la del armamento o la financiera.

Otras consecuencias de considerar los tratamientos como algo puramente comercial, sujeto a los mercados, es la falta de atención a las enfermedades que afectan a poblaciones con pocos recursos. En muchos casos, las farmacéuticas han dejado de fabricar los medicamentos para tratar estas enfermedades; no se fabrica lo que no produce beneficios económicos a las empresas. SIn embargo, aumenta la producción para calvicie, obesidad, hipertensión… lo que sea que de dinero de forma continuada. También para enfermedades raras; quien tiene la desgracia de sufrirla probablemente encontrará medicamentos, eso sí, con altísimos precios, imposible de pagar para la mayoría.

Si esto no nos pone los pelos de punta, pensemos también que no se está investigando en nuevos antibióticos (uno de los expertos indica que su situación es "crítica" y que van a aumentar los fallecimientos en los quirófanos). El motivo es que es más rentable mantener a los enfermos con tratamientos de por vida que limiten los síntomas antes que producir medicamentos que curen las enfermedades. Este problema nos afectará cada vez más a todos, no sólo a los países más pobres.

Una perversión del sistema es el asunto de las patentes. Para proteger la propiedad intelectual se acordó hace décadas que tuvieran una duración de 20 años, pero es que la situación actual no tiene nada que ver; ahora es mucho más fácil efectuar investigaciones compartidas y sería más sencillo llegar a resultados beneficiosos para los pacientes. No obstante, se fomenta el que se patenten partes de investigación en lugar de investigaciones completas. En este momento, las patentes son obstáculos al conocimiento y van en contra del interés público. Las farmacéuticas también lanzan patentes "defensivas": cambios irrelevantes en un producto con el único objetivo de ampliar otros 20 años más la patente e impedir  que otros investiguen en lineas paralelas. Mientras dure ese tiempo, seguirán con el monopolio y los precios arbitrarios.

Todo esto tiene que cambiar. Sugieren en el documental la creación de plataformas para el desarrollo de productos biomédicos, la colaboración con "código abierto" entre los investigadores, control y exigencia de transparencia en las cuentas de las farmacéuticas, sin consentir beneficios que superen las cifras que sean éticas (en ningún caso más del 20% del coste total), licencias socialmente responsables o aumento de poder de los gobiernos en las organizaciones internacionales.

Es urgente que todos nosotros tomemos conciencia de la importancia del problema, que nos movilicemos para exigir a nuestros gobernares que todo esto cambie, pasar a la acción, poner la salud por delante de los beneficios económicos.

Tras la proyección del documental "Investigación médica…" que tuvo lugar el jueves 17 de diciembre en Salamanca, hubo un coloquio muy enriquecedor, como pocas veces, durante el cual se comentaron, entre otros, aspectos como el tremendo revés que puede ser la aprobación del TTIP (aquí más información de anteriores post: "TTIP el tratado vampiro", "TTIP, la dictadura que nos traerán las multinacionales"o "Día internacional contra el TTIP"). También hablamos sobre la importancia de la investigación preventiva en hábitos y estilos de vida saludables y no sólo en la producción de medicamentos o la posición de los partidos políticos frente a este asunto. Por cierto, la declaración "No es Sano" lanzada por la ONG "Salud por Derecho" se ha firmado por la mayoría de los partidos, excepto dos: PP y Ciudadanos.


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