La puerta giratoria entre los sectores público y privado sigue funcionando. Primero se privatizan servicios, algunos de ellos con ruinosas consecuencias, pero con con sustanciosos beneficios para los grupos que se hacen con los pasteles; después, los mismos políticos que han guiado la privatización, son contratados por las empresas que tienen las concesiones.
De momento no es ilegal, pero es como mínimo muy muy sospechoso que quien ha desmantelado algo público que funcionaba bien se pase "al lado oscuro". Políticos, que se supone estaban en política porque deseaban el bien común (qué bonito cuento) de repente ya no les interesa dicho bien y se les ocurre que tienen que mirar por su bien propio. La duda es ¿no estaban mirando por su bien propio antes de privatizar? ¿No debería de exigírseles responsabilidades cuando han provocado pérdidas enormes con estas decisiones? (eso sin hablar de los costes humanos, de la reducción de fuerza de los bienes comunes, de los derroches, de las"supuestas" comisiones, sobornos, enchufes... de la pérdida de derechos laborales de los trabajadores, de la sustitución de trabajo digno por precario, etc etc)
El ejemplo más claro de los costes de todo tipo que está suponiendo la privatización de hospitales es el que dio nombre al modelo de gestión, el hospital de Alzira.
Hoy se conoce por la prensa que el exconsejero de Sanidad de la CCAA de Madrid, Manuel Lamela, ha fichado por una empresa que gestiona uno de los hospitales que él mismo privatizó. Durante su mandato se produjo el escándalo de las denuncias falsas contra el Dr. Montes en el hospital de Leganés, a quien acusaron (de forma anónima, pero con datos de la Consejería) de 400 asesinatos y cuyo caso fue sobreseido dos años después. Para los mal pensados, pudiera ser que hiciera falta una cortina de humo que dificultara ver la que se venía encima con la privatización (no lo consiguió: la movilización fue masiva y universal, aunque a estos políticos, tan convencidos de lo bien que hacen todo, se la suda).
Otro cargo político, Manuel Marín Ferrer, responsable de la privatización de Alzira, ahora es directivo de la empresa que lo gestiona.
La cosa no acabará aquí salvo que se fuerce a que haya una regulación que impida estos trasvases tan sospechosos y castigue de forma ejemplar a quien se demuestre que haya prevaricado.
Sobre este tema tengo otro post anterior al que puedes acceder aquí.
De momento no es ilegal, pero es como mínimo muy muy sospechoso que quien ha desmantelado algo público que funcionaba bien se pase "al lado oscuro". Políticos, que se supone estaban en política porque deseaban el bien común (qué bonito cuento) de repente ya no les interesa dicho bien y se les ocurre que tienen que mirar por su bien propio. La duda es ¿no estaban mirando por su bien propio antes de privatizar? ¿No debería de exigírseles responsabilidades cuando han provocado pérdidas enormes con estas decisiones? (eso sin hablar de los costes humanos, de la reducción de fuerza de los bienes comunes, de los derroches, de las"supuestas" comisiones, sobornos, enchufes... de la pérdida de derechos laborales de los trabajadores, de la sustitución de trabajo digno por precario, etc etc)
El ejemplo más claro de los costes de todo tipo que está suponiendo la privatización de hospitales es el que dio nombre al modelo de gestión, el hospital de Alzira.
Hoy se conoce por la prensa que el exconsejero de Sanidad de la CCAA de Madrid, Manuel Lamela, ha fichado por una empresa que gestiona uno de los hospitales que él mismo privatizó. Durante su mandato se produjo el escándalo de las denuncias falsas contra el Dr. Montes en el hospital de Leganés, a quien acusaron (de forma anónima, pero con datos de la Consejería) de 400 asesinatos y cuyo caso fue sobreseido dos años después. Para los mal pensados, pudiera ser que hiciera falta una cortina de humo que dificultara ver la que se venía encima con la privatización (no lo consiguió: la movilización fue masiva y universal, aunque a estos políticos, tan convencidos de lo bien que hacen todo, se la suda).Otro cargo político, Manuel Marín Ferrer, responsable de la privatización de Alzira, ahora es directivo de la empresa que lo gestiona.
La cosa no acabará aquí salvo que se fuerce a que haya una regulación que impida estos trasvases tan sospechosos y castigue de forma ejemplar a quien se demuestre que haya prevaricado.
Sobre este tema tengo otro post anterior al que puedes acceder aquí.
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